Los problemas que plantea la cartilla covid-19, la nueva propuesta de la Comunidad de Madrid
Andrés P. Mohorte
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado hoy una batería de medidas destinada a atajar nuevos brotes en la Comunidad de Madrid. Una de ellas, la mascarilla obligatoria en todos los espacios públicos, ya había sido implementada por el resto de gobiernos autonómicos. Otra aún no, pese a que algunos habían tanteado con ella. Se trata del “pasaporte serológico”, o como Ayuso lo habautizado, la “cartilla covid-19”.
Qué es. Agrandes rasgos, consiste en un certificado de inmunidad. Aquellas personas que hayan sufrido la enfermedad, y que por tanto hayan generado los suficientes anticuerpos como para no contagiarse de nuevo, podrán utilizar su pasaporte para acceder a diversos espacios públicos en riesgo de cierre total o parcial, tales como los cines, los gimnasios, los bares o los restaurantes, potenciales puntos de contagio.
Se trataría de una tarjeta que habilitaría a una libertad de movimientos total, sin riesgo sanitario alguno.
Antecedentes. No se trata de una idea nueva, ni en España ni en el mundo. Países como Corea del Sur oChinalo han utilizado durante los últimos meses para restringir el tránsito de aquellas personas potencialmente contagiadas.Chilelo introdujo pocos meses después. A nivel nacional, comunidades comoCastilla y LeónoCataluña(bajo distintos nombres, como el “certificado de inmunidad”) tantearon su implantación, sin que en ningún momento llegara a concretarse.
El Ministerio de Sanidad siempre se ha opuesto.
¿Por qué?Comoexplicannuestros compañeros de Xataka, por las limitaciones médicas que plantea. El pasaporte serológico ha sido objeto de toda clase de controversias. Desde un punto de vista epidemiológico, su principal problema es la inmunidad. Aún no sabemos cuánto dura, cómo opera o si todos los enfermos disfrutan de ella. Muchos de ellos,como evidencianalgunos estudios,no generanlos suficientes anticuerpos tras superarla, muy en especial los asintomáticos.
Lo legal. Hay otros problemas. La la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene los enumeró en su momento, cuando Torra hizo un anuncio parecido. Los pasaportes, a su juicio,conducíana:
A juicio de la asociación, la medida no se atenía “a los principios constitucionales de no discriminación, de igualdad, de pertinencia y de proporcionalidad”, vulnerando “el carácter confidencial de cualquier información clínica” y pasando por encima de la legislación laboral, que ampara a los trabajadores en caso de “ser requeridos” por sus empresas sobre si han pasado la enfermedad o no. Es decir, los problemas asociados al pasaporte irían más allá de lo sanitario.
Advertencias. Suspicacias compartidas por otros expertos, tanto jurídicos como sanitarios. A mediados de abril, Josefa Cantero , profesora de Derecho Administrativo, y Ildefonso Hernández, catedrático de Medicina Preventiva, escribíanlo siguienteen The Conversation:
El pasaporte operaría como un “permiso administrativo” sobre determinadas actividades, permiso que tendría muy poco que decir al respecto de los derechos fundamentales, tales como el de circulación, dado que no requieren de “permiso” alguno para ejercerse, algo que el propio Torra haexperimentadoen sus carnes tras el confinamiento suspendido de Lleida. Así las cosas, la implantación de un “certificado” de inmunidad “exigiría delimitar adecuadamente su naturaleza”.
Campo abonado para el recurso judicial.
Privacidad. En mayo, cuando el interés por los pasaportes serológicos decrecía, otros dos expertos exponíanen Naturediez razones para no implantarlos. Entre sus objeciones, los problemas que planteaba desde el punto de vista de la información personal:
En países con severas asimetrías en la aplicación de la fuerza policial, comoEstados Unidos, tan abundante información permitiría a las autoridades redoblar su presión sobre comunidades ya marginadas. Y además, el establecimiento de mecanismos semejantes abriría una puerta inquietante de cara al futuro. Una vez se cede determinada información al estado, en ocasiones muy privada, habría que batallar para recuperarla.
La ética. El último gran argumento contra los pasaportes es más abstracto, y versa sobre las connotaciones éticas. En última instancia, los certificados de inmunidad plantean una “estratificación” social. Aquellos que ya han pasado la enfermedad y han desarrollado anticuerpos disfrutan de derechos extendidos; aquellos que no, no. Un sistema que ahondaría en determinadas discriminaciones y vulnerabilidades sociales.
Todo ello ha llevado a otros gobiernos, en especial los autonómicos, a limitar el enfoque de sus pasaportes, cuando no a anularlos. Madrid es el último ejemplo. Será cuestión de tiempo ver cómo lo implementan, y si lidia con algunos de los problemas planteados estos meses.
Imagen: GTRES
